Cristóbal López pide a la AFIP que le conceda un plan de pagos pese a estar procesado por fraude impositivo

En una jugada múltiple para ganar tiempo, la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa pidió a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont que derogue un dictamen que impide a procesados recibir beneficios impositivos, mientras esperan que la mayoría K de Congreso sancione la ley de moratoria que le dará ventajas al grupo Indalo para enfrenar una deuda impositiva total de más de 10 mil millones de pesos.

Por un lado, los abogados de los empresarios K quieren que la titular de la AFIP revoque el dictamen jurídico de marzo de este año emitido por el Jefe de la División Cobranzas Judiciales y Sumarios de la Dirección de Operaciones de Grandes Contribuyentes, doctor Miguel Alberto Moreno. El dictamen sostiene que la AFIP no debe dar un plan de facilidades de pago a empresas del grupo Indalo porque sus principales accionistas están procesados en la causa por fraude al Estado a través de la retención del impuesto al combustible (ITC) que se encuentra en juicio oral y público. El dictamen concluye que no pueden acceder a ese beneficio porque De Sousa y Cristóbal López “se encuentran procesados en el marco de la causa N° 4943/16 por los delitos previstos en los arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del Código Penal”.

En cambio, el abogado defensor Eduardo Favier Dubois sostuvo que esos antecedentes “se refieren solo a las personas procesadas y no a las sociedades que éstas pudieran integrar o ser propietarios o ser beneficiarios finales”. El letrado sostiene que esa negativa se basa en otro “dictamen emitido por las máximas áreas asesoras del organismo, que no es identificado, en que se habría sostenido que el procesamiento de un directivo implica excluir a la sociedad contribuyente del acceso al plan y que la norma no contempla como excepciones la transferencia de la titularidad de las acciones ni la separación de los directivos que hayan actuado al momento del hecho delictivo”, entre otros argumentos.

En esta estrategia dilatoria, fuentes judiciales consultadas por Clarín contaron que la defensa de los abogados adelantó a la Justicia con diez días de anticipación que el Gobierno iba a mandar una moratoria fiscal por la pandemia. El proyecto de ley incluye, por primera vez, a empresas que adeudan el impuesto a los combustibles. Oil le debe 8 mil millones de pesos más intereses a la AFIP, sin contar otras empresas del grupo.

Hacía semanas que los medios habían publicado que se venía una moratoria fiscal pero los abogados del Grupo Indalo sabían desde el 26 de junio de este año que el Gobierno iba mandar el proyecto. Además, el proyecto levanta la restricción para las firmas que adeudaran el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), algo inédito en la materia porque se trata de un gravamen que se le cobra al consumidor directamente cada vez que carga nafta y las empresas hacen solo de agente de retención. El conocimiento del envío del proyecto se observa n una nota presentada al juzgado comercial 5 de la quiebra de Telepiu (C5N) bajo el título “EL ANTEPROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA DE LA LEY 27.541”.

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Oil combustibles y otras empresas del grupo Indalo está intentando obtener un plan de pagos de parte de la titular de la AFIP –que es el principal acreedor-, para levantar la quiebra y poder entrar en la moratoria que sancionará el Congreso, en una carrera contra el reloj. Telepiu (C5n), Votionis (Radio 10), Oil e Ideas del Sur tienen concursos por separado por reunidas por conexidad en el juzgado comercial 5.

Para ello pidieron a la jueza Valeria Pérez Casado una quinta prórroga hasta el 30 de octubre para lograr el consenso de sus acreedores comunes. En otra una nota Dubois, argumenta que “se encuentra en trámite de ingreso parlamentario un “anteproyecto de ampliación de la reforma tributaria de la ley 27.541”. Y destaca que “su relevancia es significativa en el presente proceso concursal donde se encuentra pendiente la conformidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

“Dicha normativa facilitaría el ingreso a la refinanciación de deudas fiscales de la ley 27.541 no solo por parte de empresas MiPyMEs sino también por parte de empresas grandes o que no reúnan tales requisitos, fijando condiciones más favorables de refinanciación”, subraya la nota del Grupo Indalo. Incluso, la defensa citó el Real Decreto-ley 16/2020 de España: “La crisis sanitaria del COVID-19 constituye un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable.” Sin embargo, el concurso por Oil y otras empresas del Grupo Indalo empezó hace más de dos años, mucho antes de que se desatara la pandemia, resaltó una fuente judicial consultada por Clarín.

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Pérez Casado, que subroga el juzgado comercial 5, preguntó a fines del mes pasado a la AFIP si Telepiú y otras empresas del conglomerado, habían ingresado un pedido de plan de facilidades de pago y le contestaron que no. Ahora deberá decidir si concede esta prórroga. Sin el voto de la mayoría de los acreedores comunes no se puede llegar a un acuerdo en el concurso para levantar la quiebra.

La quinta prórroga le servirá al Grupo Indalo para esperar la sanción de la ley de moratoria por parte del Congreso y así, luego, tratar de incidir en su negociación con la AFIP –que es un acreedor privilegiado- y que bajo la conducción de Leandro Cuccioli nombrado por el ex presidente Mauricio Macri y renunciado en diciembre pasado había reclamado el pago de toda la deuda e incluso impulsó una causa penal en la que López y De Sousa están procesados y en juicio oral y público por fraude contra el Estado. Por otro lado, los empresarios K empezaron contra juicios contra el ex titular de la AFIP Alberto Abad y Cuccioli.

El síndico de la quiebra, Franco Brindisi, dijo que no ya hace años el Grupo Indalo viene pidiendo prórrogas para conseguir el voto de la mayoría de sus acreedores comunes (quirografarios) pero que si el juez lo acepta, él no se opone.

El proyecto legislativo pretende modificar, entre otros, el artículo 16 de la ley vigente, según la cual quedan excluidos de cualquier moratoria las empresas «declaradas en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación».

Oil Combustibles –la nave insignia del Grupo Indalo- está en proceso de quiebra desde junio de 2018. La firma fue denunciada durante la gestión de Alberto Abad por no haber pagado durante el gobierno de Cristina Kirchner el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Para López habría un beneficio puntual, pues el proyecto del oficialismo modifica el artículo octavo, que impedía incluir en la moratoria deuda por el ITC. Si se aprueba, eso sí se podrá incluir, y aunque Oil ya no está operativa porque sus principales activos se remataron en el marco del concurso, «la deuda generada con el fisco es por ese impuesto puntualmente», indicó una fuente del expediente.

La jueza Pérez Casado es la misma que a principios de año removió a los síndicos anteriores, les aplicó multa del 50% de sus honorarios y mandó copias de lo actuado al fuero penal por el llamativo extravío del legajo AFIP en Oil con el reclamo concreto del fisco a los empresarios K.