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Avanza la causa que investiga la ruta del dinero para la compra de Ciccone

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Después que la Sala I de la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones por abuso de autoridad contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, responsable para la justicia de encubrir las irregularidades fiscales y de financiar la compra de la ex Calcográfica Ciccone, el juez Ariel Lijo avanza en una serie de medidas para concluir con la causa y elevarla a juicio oral. En los próximos días citará a indagatoria a las hijas de Nicolás Ciccone, ex dueño de la imprenta que quedó en manos del Estado.

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Esta causa, conocida como Ciccone II, investigó la ruta del dinero que se utilizó para financiar la operación que llevó a prisión a Amado Boudou, condenado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Al confirmar la acusación contra Echegaray, los camaristas dictaron la falta de mérito -es decir que se debe profundizar la investigación para procesar o sobreseer- del banquero Jorge Brito, su allegado y ex directivo de Ciccone Máximo Lanusse y Francisco Sguera.​ Asimismo, se ordenó al juez de la causa que avance en otra serie de medidas, como la indagatoria de Olga y Silvia Ciccone, hijas del ex dueño de la Calcográfica. Lijo durante la instrucción les había tomado declaración testimonial, es decir, no se encontraban imputadas en el caso.

Para avanzar hacia la elevación a juicio del expediente, el magistrado en los próximos días le fijará fecha para las indagatorias a Olga y Silvia Ciccone quienes durante la instrucción habían sido sobreseídas.

Aquella decisión fue apelada por el fiscal Jorge Di Lello, al igual que las querellas representadas por la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, la Cámara ordenó que sea indagadas.

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Silvia y Olga Ciccone, hijas de los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone, habían señalado ante la justicia que participaron de las reuniones en las que se trataron aspectos relativos a la ejecución de la maniobra y que además poseían una parte del paquete accionario. “Es dable advertir el marcado protagonismo desplegado por los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone tanto en lo referente al manejo de Ciccone Calcográfica SA como empresa familiar, como en la gestación del pacto criminal y la concreción de éste, a través de la suscripción por ambos del convenio de opción de compra de acciones de Ciccone Calcográfica SA”, señaló la Cámara.

SIn embargo, para los investigadores, a modo de ejemplo, cuando Héctor Ciccone ya había cedido su participación accionaria a sus hijas -una de las cuales es Silvia Ciccone-, “se reservó el poder de disposición mediante el otorgamiento de un poder a su favor”. Con lo cual entendían que se trataba de un negocio familiar “manejada por dos voluntades: Nicolás y Héctor Ciccone”. Sin embargo, el voto mayoritario de los camaristas ordenó que sean citadas nuevamente, algo que en breve hará Lijo.

En la primera parte del caso, cuyo juicio oral terminó en agosto de 2018 con una condena de 5 años y 10 meses de prisión para el ex vicepresidente, también había sido condenado el ex jefe de asesores de Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner. Sin embargo, las audiencias dejaron en claro que las maniobras fiscales para beneficiar a Boudou y sus amigos no podían haber ocurrido sin la intervención o al menos el conocimiento del titular del ente recaudador.

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El juez Lijo sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Alejandro Vandenbroele, propietario de The Old Fund (dueña del 70% de las acciones de la ex calcográfica). Era la única empresa con capacidad para imprimir billetes, y para la Justicia «quedó en manos del entorno del ex vicepresidente».

El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales del Frente para la Victoria en 2011, sino que en abril del 2012 el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de 140 millones de pesos.

Para terminar de comprender la maniobra, se inició este expediente confirmado ahora por la Sala I, donde se investigó la ruta del dinero que se aplicó para el salvataje y puesta en funcionamiento de la ex Calcográfica. El juez fijó esa responsabilidad en tres etapas: el levantamiento de la quiebra; el desembarco de The Old Fund y el gerenciamiento de la imprenta, y la contratación de la ex Ciccone por parte del Estado.

La causa cobró velocidad tras tras el giro que se produjo con la declaración como “arrepentido” de quien fue la cara visible del armado de empresas ligadas al ex vice, Alejandro Paul Vandenbroele. El juez dio veracidad a sus dichos. Analizó la documentación y corroboró el circuito de fondos aplicados para la adquisición de la ex calcográfica.

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La Justicia dio por probadas las negociaciones previas que permitieron un «acuerdo ilícito» entre Boudou y Núñez Carmona «para el levantamiento de la quiebra, el otorgamiento de un plan de facilidades de pago de la deuda que mantenían (la imprenta) con la AFIP y la contratación del Estado Nacional».

La operatoria de adquisición de la imprenta tuvo como eslabón clave a la AFIP. El ex titular de la AFIP, está acusado por la supuesta ayuda ilegal para que Ciccone -ya en manos de Vandenbroele/Boudou- pudiera conseguir una moratoria excepcional para pagar su deuda millonaria al Estado. El magistrado determinó que Echegaray era responsable por «haber cambiado su posición respecto del otorgamiento de la conformidad de la AFIP para el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica en un lapso de dos días, sin justificación».

No se discutió la facultad que tenía el Administrador Federal de otorgar su conformidad de manera condicionada o incondicional, «lo que no podía hacer Echegaray de manera legítima era variar sustancialmente el carácter de la conformidad prestada, en un lapso corto, sin más motivación que una solicitud por parte de la empresa quebrada sin ningún tipo de especificación o detalle respecto de cómo iba a sanear la deuda con el ente recaudador».

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