Los riesgos del relato uruguayo | La cara oculta de…

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, flexibilizó el jueves pasado las condiciones para acceder a la residencia fiscal en el país vecino. A través del decreto 163/20
redujo la exigencia patrimonial de casi 2 millones de dólares a apenas 380 mil dólares. Además, exige que la persona registre una presencia física en ese país de al menos 60 días por año. De ese modo, busca captar fundamentalmente a los argentinos que se quejan por la presión fiscal argentina. Sin embargo, fuentes de AFIP advirtieron a Página/12 que obtener la residencia fiscal uruguaya no implica necesariamente perder la argentina. Por lo tanto, quienes avancen en esa dirección podrían terminar pagando más impuestos que ahora.

«La política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades», comienza el decreto en sus considerandos y luego agrega que «el Uruguay es un país de puertas abiertas, con una política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica y económica para todas las personas extranjeras que deseen radicarse».

En el artículo 1 fija un nuevo monto que para bienes inmuebles lo fija en 3,5 millones de Unidades Indexadas, siempre que se realice a partir del 1 de julio de este año. La Unidad Indexada es una medida que se ajusta diariamente según la tasa de inflación, que en los últimos doce meses está en el 11 por ciento. Esos 3,5 millones convertidos a dólares, a una cotización de 43 pesos uruguayos, equivalen a 380 mil dólares.

En lo que respecta a una inversión directa o indirecta en una empresa el piso son 15 millones de Unidades Indexadas, alrededor de 1.630.000 dólares en una empresa, siempre que generen al menos 15 nuevos puestos de trabajo directos de jornada completa.

De este modo, el gobierno de Lacalle Pou busca capitalizar el descontento de algunos argentinos que quieren pagar menos impuestos y recurrentemente amenazan con la posibilidad de radicarse en Uruguay para cumplir ese objetivo.

En la AFIP aseguraron a este diario que si el deseo de algún argentino es radicarse en el exterior, en Uruguay o donde sea, está en todo su derecho de hacerlo, pero aclararon que para cambiar la residencia fiscal es necesario también cambiar la residencia legal. “Adquirir la residencia fiscal uruguaya no implica perder la argentina. Quienes no quieren tener la residencia fiscal en nuestro país necesitan que el contribuyente pierda efectivamente la residencia legal. En los casos que no la haya perdido, es necesario que la persona permanezca en el exterior por un plazo continuado de doce meses, a los que deben agregarse tres meses adicionales”, precisaron fuentes oficiales.

De este modo, desde
el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont buscan advertir a aquellos
ciudadanos argentinos que, seducidos por la flamante legislación uruguaya o por
algún contador entusiasta que busca cobrar unos honorarios extra, creen que
alcanza con cumplir los nuevos requisitos fijados por Uruguay para cambiar la
residencia fiscal. Si adquieren la residencia fiscal uruguaya, pero, por
ejemplo, siguen viviendo en Argentina, mandan a sus hijos al colegio en el país
y realizan sus compras con tarjeta en el país deberán seguir pagando impuestos
acá y el impuesto por el dinero que tengan depositado en el exterior
actualmente está por encima del que pagan quienes tienen su dinero en
Argentina. A su vez, aquellos que sí cambien su residencia legal igual deberán
seguir pagando impuestos por los bienes que tengan en Argentina.